Lima, ene. 10 (ANDINA). El Perú se ha vuelto para América Latina un referente importante sobre la implementación de la Ley de Consulta Previa, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, afirmó hoy la directora regional de este organismo para los países andinos, Carmen Moreno.
Tras comentar que esta práctica podría ser repetida en otros países, mencionó que la OIT asesora a la comisión multisectorial redactora del reglamento de la citada ley.
Comentó que el reglamento será un instrumento para manejar las controversias que se produzcan entre el Estado y los pueblos indígenas, y tendrá que ser acompañada de todo un conjunto de herramientas de gestión, entre ellas, el ordenamiento territorial y un sistema nacional de políticas públicas para el desarrollo y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
“De hecho, el Perú para América Latina se ha vuelto un referente importante de cómo lo realizarán. No hay tantas experiencias de consulta en otros países, excepto en Bolivia cuando se adoptó la Ley de hidrocarburos”, manifestó al Diario Oficial El Peruano.
La directora regional de la OIT para los países andinos dijo compartir, al igual que todos los peruanos, la preocupación por avanzar hacia la mejor aplicación de esta legislación, para que realmente se convierta en una herramienta facilitadora de la consulta, minimice los conflictos y permita a las poblaciones indígenas recuperar la confianza ante el diálogo.
“Si hablamos que la inversión trae desarrollo, pues que los primeros en sentirlo sean esas poblaciones. Es lógico que si ellos no perciben estos beneficios, ni que sus intereses o preocupaciones son atendidos, pues surge el conflicto”, sostuvo.
“Por eso, es importante a priori explicar de qué se trata, cómo se va a desarrollar el proyecto, qué beneficios puede traer en términos de infraestructura y generación de empleo, potenciación de los rubros productivos, educación y salud, entre otros”, agregó.
Moreno destacó la necesidad de avanzar para hacer compatible desarrollo y derechos, pues existe la creencia de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que generan recursos y favorecen los intereses nacionales, son obstruidos por los pueblos indígenas, que solo representan una pequeña parte de la población.
“En consecuencia, cuando las comunidades indígenas se organizan para demandar respeto a sus derechos, son acusados de bloquear el crecimiento en todo el país. Nuestros países necesitan desarrollarse al igual que los países ricos, pero requieren desarrollo sostenible. La consulta es un derecho legítimo e irrenunciable”, puntualizó.
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