Lima, abr. 16 (ANDINA). El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que separa definitivamente o destituye al personal docente o administrativo del sector Educación que haya sido objeto de sentencia por los delitos de terrorismo, apología a la subversión, y violación sexual.
La norma, remitida el último 13 de marzo al Congreso, propone además de la separación o destitución, el impedimento de ingreso o reingreso al sector educación para aquellos profesores que hayan sido sentenciados por estos delitos.
La propuesta incorpora al artículo 36 del Código Penal el numeral 9 según el cual la inhabilitación producirá incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al sector educación de los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada tipificado en el artículo 316, numeral 2 del Código Penal, y los delitos de violación a la libertad sexual tipificados en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal.
Asimismo, modifica el artículo 38 del Código Penal al establecer que la inhabilitación principal se extiende de seis meses a cinco años, salvo en los casos a los que se refiere el segundo párrafo del número 6 y el numeral 9 del artículo 36, en los cuales es definitiva.
Del mismo modo, la iniciativa del Ejecutivo propone que la Ley del Profesorado señale como causal del término de la relación laboral por destitución el haber sido condenado por terrorismo, apología o violación de la libertad sexual.
En ese aspecto, señala que el profesor destituido no puede ingresar o reingresar a cualquier entidad pública por un plazo de cinco años, a excepción de aquellos que hayan sido despedidos, reprobados por tres veces consecutivas en desempeño laboral o condenados por lo delitos antes mencionados, quienes no podrán ingresar o reingresar al servicio educativo público.
La propuesta también abarca a los servidores administrativos del sector educación condenados por los delitos de terrorismo, apología y violación sexual, para quienes se propone la destitución definitiva.
El proyecto de ley, que lleva la firma del jefe del Estado, Ollanta Humala, y del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, pide al Parlamento disponer su trámite con carácter de urgencia según lo señalado por la constitución.
(FIN) CCR/GCO
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